En 2020, el gobierno liderado por Andrés Manuel López Obrador cerró 109 fideicomisos que originalmente se habían establecido para adquirir vacunas contra el Covid-19. No obstante, se descubrió que la mayoría de estos recursos se utilizaron de manera discrecional en proyectos emblemáticos y programas sociales, destinando una cantidad mínima a la compra de vacunas. El gobierno implementó un procedimiento que implicaba devolver estos fondos a la Tesorería de la Federación sin una asignación específica y permitir que la Secretaría de Hacienda decidiera su uso.
En una acción paralela, la Cámara de Diputados aprobó una medida similar para eliminar 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, proporcionando al gobierno federal 15,425.9 millones de pesos para su uso discrecional, con la condición de que se destinarán a programas en línea con el Plan Nacional de Desarrollo.
La reforma propuesta en el Senado busca permitir la utilización de estos recursos para cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, incluyendo proyectos como la “recuperación del sector energético” y el fortalecimiento de infraestructuras como la refinería de Dos Bocas, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía y el Tren Maya. La reforma plantea que 13 fondos y fideicomisos del Poder Judicial se reincorporen a las finanzas del Estado mexicano, conservando solamente un fondo con 6,104 millones de pesos, mientras que los 15,425.9 millones de pesos restantes deben ser reintegrados a la Tesorería de la Federación.
