El esfuerzo por combatir el lavado de dinero a nivel estatal en México, a través de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE), ha tenido serios problemas. En 2022, solo se abrieron 74 investigaciones en estas unidades, de las cuales solo 8 llevaron a acciones legales, a pesar de haberse destinado 26 millones de pesos, la mayoría de los cuales provienen de la Federación.
Un análisis realizado por el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad señala dificultades en la operación de estas unidades estatales, como la falta de alineación con la Federación en lo que respecta al delito de lavado de dinero. Además, se menciona que estas unidades están realizando tareas redundantes y que alcanzar un nivel de desarrollo similar al de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) federal tomaría décadas sin garantizar un desempeño adecuado.
En Nuevo León, ha habido denuncias de que la UIF estatal se utiliza con motivaciones políticas para investigar a opositores. Legisladores del PRI y del PAN han expresado inquietudes sobre investigaciones que involucran a actores políticos de oposición desde diversas instancias oficiales, incluyendo la UIF estatal.
Las UIPE estatales en México han tenido resultados limitados en la lucha contra el lavado de dinero, y han enfrentado problemas en su diseño y operación, además de acusaciones de uso político en ciertos estados, como Nuevo León.
