El Senado de la República aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo que prohíbe a los empleadores solicitar antecedentes penales para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo. También se eliminan otras formas de discriminación en el ámbito laboral. El objetivo es brindar una oportunidad de reinserción social a personas con antecedentes penales y mejorar sus perspectivas de empleo. Sin embargo, hay opiniones divergentes sobre la aplicabilidad de esta reforma en la Administración Pública. El dictamen ha sido enviado a la Cámara de Diputados.
El proyecto busca reformar la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado para prevenir la discriminación por diversos motivos, como origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o antecedentes penales en el ingreso, permanencia y ascenso de los trabajadores. Además, el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Napoleón Gómez Urrutia, mencionó que esto pretende brindar oportunidades de reinserción social a personas que hayan cometido delitos, ya que la dificultad para encontrar empleo digno después de cumplir una condena puede llevarlos de nuevo a la delincuencia.
Sin embargo, la senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado del PT expresó su preocupación por la aplicación de esta medida en la Administración Pública. Actualmente, la Constancia de Antecedentes Penales Federales se emite en varios casos, como para investigaciones criminales, obligaciones legales, empleos relacionados con seguridad pública, o cuando lo exija la normativa. El proyecto de reforma ha sido remitido a la Cámara de Diputados para su consideración.
