Una de las herencias que le dejará el gobernador Sergio Salomón al gobernador electo Alejandro Armenta, la cual podría convertirse en un serio problema desde los primeros días del nuevo gobierno, es sin duda el tema de la petición de los concesionarios del transporte público de aumentar las tarifas.
Sin duda se trata de un tema muy sensible pues, de aprobarse algún aumento, pegará, invariablemente al bolsillo de miles de poblanos lo que, a la postre generará críticas al gobierno entrante.
En sexenios pasados, era visto como una “cortesía política” del gobierno saliente, no heredarle ese problema al nuevo gobierno. Por ejemplo, en su momento, Mario Marín autorizó un aumento, para que la crítica y los golpes de la impopular decisión se los llevara él y no el nuevo gobierno de Rafael Moreno Valle.
Se dice que hay un acuerdo entre Armenta y Salomón de que la decisión final la tomará el nuevo gobierno los primeros días del año. Es difícil entender que el actual gobierno herede un problema tan importante y tan sensible a la nueva administración, cuando en sus manos estaba la solución pero, por alguna razón, no decidió tomarla y se dejó el problema a su sucesor.
Ciertamente la petición de los concesionarios es entendible, pues el último aumento que se les autorizó fue hace 5 años, en el gobierno del ex gobernador Barbosa, los precios de las gasolinas como de todos los elementos que usa cualquier transporte público han venido aumentando consistentemente.
Pero lo que también es cierto, es que estos mismos concesionarios no han cumplido en modernizar sus unidades y se han convertido en unas verdaderas mafias y que están decididos a enfrentar al gobierno en turno, como lo han hecho en las últimas semanas. La realidad es que siguen circulando vehículos con más de 10 años de antigüedad, meno del 20 por ciento cuentan con cámaras de seguridad, los choferes siguen sin capacitación y, en pocas palabras, ofrecen uno de los más caros y peores servicios de transporte público de todo el país.
Actualmente el costo es de $8.50 pesos en promedio. La petición que hacen es que aumente a $19.00, lo cual es una locura y un absurdo, pues no se justifica con el pésimo servicio que ofrecen.
Este será uno de los primeros problemas con los que tendrá que lidiar Armenta a partir del 15 de diciembre. Las protestas, sin duda, subirán de tono desde el día uno de su gobierno. El nuevo gobernador tendrá que pensar muy bien qué hará y como enfrentar esta herencia de Salomón.
Sin duda, la decisión que tome será muy polémica. Si se decide aceptar el aumento, sea cual sea, tendrá que venir acompañada de un verdadero compromiso por parte de los concesionarios de mejorar, ahora sí, su pésimo servicio.
No puede haber indulto a las presiones y amenazas de las mafias del transporte público.
