La propuesta de recorte al presupuesto del Poder Judicial de la Federación (PJF) por parte de Morena, dentro del Presupuesto 2024, es considerada por expertos en derecho constitucional como un intento de debilitar a una entidad que sirve como contrapeso. Este recorte, valorado en 6,465 millones de pesos, ocurre tras la eliminación de fideicomisos, lo que sugiere la intención de menoscabar al PJF. Se destaca que esta reducción no involucra un diálogo entre la Cámara Baja y el PJF, lo que revela una estrategia de debilitamiento más que una simple medida de austeridad.
Un profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM mencionó que si bien la Cámara de Diputados está autorizada para disminuir el presupuesto, esta acción no debería ser arbitraria, especialmente si afecta la independencia del Poder Judicial de la Federación.
Se considera que los recortes presupuestarios por parte del Ejecutivo y Legislativo representan un intento de socavar la autonomía de instituciones que incomodan al gobierno. Esto se interpreta como un esfuerzo por eliminar límites y contrapesos, castigando financieramente al Poder Judicial y al Instituto Nacional Electoral cuando interponen obstáculos a las decisiones del Ejecutivo.
